España no tiene un problema de falta de talento, de horas trabajadas o de empresarios con ganas de intentarlo. Tiene algo más incómodo: demasiadas veces convierte la energía productiva en trámites, incertidumbre y costes de coordinación.
La pregunta no es si España puede crecer. Puede hacerlo, y de hecho lo ha hecho con fuerza tras la pandemia. La pregunta importante es otra: por qué ese crecimiento no se transforma con la misma facilidad en más productividad, mejores salarios reales y empresas capaces de escalar.
La conversación reciente de Juan Ramón Rallo con el economista Benito Arruñada vuelve a poner el foco en un asunto de fondo: las instituciones no son decorado. Son el sistema operativo de una economía. Si funcionan, facilitan cooperación, inversión y especialización. Si fallan, encarecen casi cualquier plan.
Y ese enfoque encaja con una idea básica del curso de microeconomía de Senderos: la riqueza aparece cuando las personas pueden coordinar planes, especializarse, intercambiar y calcular con reglas razonablemente estables. Sin buenas instituciones, incluso el capital humano trabaja con el freno de mano puesto.
La pregunta incómoda no es si España crece
El dato superficial puede llevar a engaño. España ha mostrado un crecimiento reciente superior al de muchos socios europeos, apoyado en empleo, inversión pública, servicios, exportaciones y llegada de población trabajadora. Esa parte es real y conviene reconocerla.
Pero crecer ocupando más personas no es lo mismo que producir mucho más valor por hora trabajada. La prosperidad sostenida exige que cada hora de trabajo, cada máquina, cada euro ahorrado y cada decisión empresarial produzcan más. Si no, el país puede generar actividad sin cerrar la brecha de renta con las economías más productivas.
Una economía puede moverse mucho y avanzar poco si sus reglas premian dedicar demasiada energía a sortear obstáculos en vez de crear valor.
La productividad es el cuello de botella
La OCDE resumía el problema con claridad en su análisis de España de 2025: pese al buen momento cíclico, el PIB por hora trabajada seguía en 2024 un 7% por debajo de la media de la Unión Europea. No es una anécdota estadística. Es la diferencia entre salarios que suben de forma sostenible y salarios que dependen de decretos, subsidios o endeudamiento.
Desde la microeconomía, la productividad no es una palabra mágica. Significa que los factores de producción se usan donde crean más valor. Un trabajador cobra más de forma sostenible cuando su productividad marginal esperada es mayor. Una empresa puede pagar mejores salarios cuando vende bienes o servicios más valiosos, usa mejor su capital y coordina mejor sus procesos.
Por eso la discusión sobre progreso no debería reducirse a “más inversión pública” o “más empleo”. La clave es qué reglas permiten descubrir oportunidades, reasignar recursos, atraer capital, crecer sin castigos absurdos y competir sin pedir permiso a media docena de ventanillas.
El problema no está solo en trabajar más
Trabajar más horas puede aumentar la producción total durante un tiempo. Pero si esas horas se emplean en sectores de bajo valor añadido, empresas que no escalan o actividades protegidas de la competencia, el salto de bienestar será limitado.
España no necesita solo más movimiento. Necesita que sea más fácil mover recursos hacia usos más productivos. Eso implica que una empresa eficiente pueda crecer, que una empresa mala pueda cerrar sin drama político, que el capital no quede atrapado en trámites interminables y que el emprendedor pueda dedicar su atención a clientes, producto y equipo, no a descifrar normas cambiantes.
| Si el obstáculo es | Lo que se pierde | Lo que debería facilitar una buena institución |
|---|---|---|
| Reglas numerosas y poco claras | Tiempo directivo y seguridad jurídica | Previsibilidad, simplicidad y cumplimiento barato |
| Fragmentación territorial | Escala y expansión nacional | Mercado interior real y reglas compatibles |
| Umbrales regulatorios bruscos | Crecimiento de pymes | Transiciones graduales que no castiguen crecer |
| Permisos lentos | Inversión y entrada de competidores | Silencio administrativo eficaz y responsabilidad pública |
La maraña normativa castiga más al pequeño
El Banco de España ha puesto cifras al problema. Entre 1979 y 2021, los distintos niveles de gobierno aprobaron 411.804 regulaciones. En 2022 se adoptaron 11.775 normas nuevas, unas 32 al día. No todo eso es inútil, por supuesto. Pero una economía no puede tratar la acumulación regulatoria como si fuera gratis.
La carga no cae por igual. Una gran empresa puede contratar abogados, consultores y departamentos de cumplimiento. Una pyme o un autónomo absorben esa complejidad con horas del dueño, retrasos, miedo a equivocarse y menor apetito por contratar o abrir en otra comunidad autónoma.
Según el propio Banco de España, una mayor densidad regulatoria reduce la entrada de nuevas empresas y la creación de empleo. En empresas de menos de diez trabajadores, un aumento del 10% en el volumen de regulación se asocia con una caída del 0,5% en el empleo. Puede parecer poco, pero aplicado una y otra vez sobre miles de pequeños negocios se convierte en una erosión silenciosa del dinamismo económico.
Las instituciones deciden qué planes merecen la pena
Una institución no es solo un ministerio o un juzgado. Es el conjunto de reglas formales e informales que permite saber qué se puede hacer, cómo se protege la propiedad, cuánto cuesta contratar, qué ocurre si alguien incumple y si una inversión rentable hoy seguirá siendo viable mañana.
Por eso las instituciones afectan al cálculo económico. Antes de abrir una fábrica, contratar diez personas, comprar maquinaria o entrar en otro mercado, el empresario no calcula solo ventas y costes técnicos. También calcula permisos, litigios, inspecciones, cambios normativos, impuestos, plazos y riesgo político.
Si ese entorno es estable, muchas oportunidades pasan de “demasiado arriesgadas” a “merece la pena intentarlo”. Si es opaco, lento o contradictorio, ocurre lo contrario: proyectos que podrían crear valor se quedan en un cajón.
Lo que una pyme ve antes de crecer
La OCDE recuerda que las pymes representan el 99% de las empresas españolas y emplean a casi dos tercios de la fuerza laboral. Si las pymes son pequeñas, crecen despacio y tienen menor productividad que las mejores comparables internacionales, el problema agregado no puede resolverse ignorándolas.
Ahora bien, no basta con aplaudir a las pymes en discursos oficiales. Hay que mirar lo que ven antes de crecer: más obligaciones laborales, más umbrales fiscales, más costes administrativos, más exposición a normas autonómicas distintas, más dificultad para financiarse y más incertidumbre sobre si el esfuerzo de escalar compensará.
- Si crecer activa costes fijos desproporcionados, la empresa puede preferir quedarse pequeña.
- Si operar en varias regiones exige entender varios mini sistemas normativos, la expansión se retrasa.
- Si innovar implica permisos lentos o criterios inciertos, el capital buscará usos más seguros aunque creen menos valor.
Así se entiende mejor por qué el debate sobre productividad no es una pelea técnica para especialistas. Es la diferencia entre una economía de empresas que nacen, prueban, compiten y escalan, y una economía de negocios que sobreviven administrando fricción.
Menos épica y más condiciones para producir
Es tentador buscar una gran misión nacional: un plan industrial, una estrategia digital, un nuevo organismo, una convocatoria de fondos. A veces esas herramientas pueden ayudar. Pero España no progresará de forma sostenida si antes no hace más barato lo elemental.
Crear una empresa, contratar, despedir si el proyecto falla, invertir, construir, abrir una línea de producción, obtener una licencia, vender en otra comunidad, cerrar una sociedad o defender un contrato no deberían parecer pruebas de resistencia burocrática.
El progreso económico rara vez nace de un BOE brillante. Suele aparecer cuando miles de personas pueden coordinarse con reglas claras, precios que transmiten información, propiedad protegida y libertad suficiente para probar planes distintos.
La libertad económica empieza por dejar de estorbar
La lectura liberal no consiste en decir que toda regulación sea mala. Consiste en recordar que regular también consume recursos, altera incentivos y puede bloquear competencia. Una norma necesaria debe ser clara, evaluable y proporcionada. Una norma acumulada por inercia puede convertirse en una barrera de entrada.
Si España quiere progresar de verdad, debería obsesionarse menos con dirigir desde arriba qué sectores “deben” crecer y más con limpiar el terreno para que crezcan los que realmente crean valor. Menos privilegios, menos fragmentación, menos incertidumbre y más responsabilidad institucional.
El país no está condenado a la mediocridad productiva. Pero tampoco saldrá de ella solo con más empleo, más gasto o más consignas. La prosperidad exige algo menos vistoso y más difícil: reglas que permitan a millones de planes privados coordinarse sin pedir permiso a cada paso.
Fuentes y contexto
- Juan Ramón Rallo, vídeo reciente ¿Por qué España no progresa? Benito Arruñada, usado como señal editorial y marco de discusión institucional.
- Banco de España, Spain’s regulatory complexity: a drag on business and economic growth.
- OCDE, Leveraging Spain’s momentum to sustain growth and income convergence.
- Curso de microeconomía guardado en Senderos, secciones sobre instituciones, división del trabajo, productividad marginal y coordinación de mercado.
Si quieres ampliar la base conceptual, también puedes leer qué es la productividad y por qué importa para salarios y empleo, qué hace realmente un empresario y cuándo una barrera de entrada la crea la ley.