En una reciente y polémica decisión, Radio Televisión Española (RTVE) ha acordado un contrato con el humorista de izquierdas David Broncano, comprometiéndose a pagar 13,6 millones de euros anualmente a su productora, MediaPro. Este acuerdo, financiado por todos los contribuyentes españoles ha suscitado críticas más que justificadas hacia el PSOE.
El contrato estipula la emisión de un mínimo de 155 programas al año, con un coste de 88.000 euros por episodio, durante dos años. Esto supone un desembolso del contribuyente español de más de 27 millones de euros. La polémica se intensifica dado que este trato fue directamente impulsado desde el PSOE en la Moncloa, buscando principalmente competir contra un programa privado como «El Hormiguero» de Pablo Motos, por el hecho de que a veces critica al gobierno actual del PSOE.
Además, este movimiento ha sido cuestionado internamente, llevando a cambios significativos en la dirección de RTVE. La presidenta del ente público, Elena Sánchez, fue destituida tras oponerse al acuerdo, evidenciando la tensión entre la autonomía de RTVE y las presiones políticas.
Este fichaje no solo representa un uso cuestionable del dinero público sino también un intento de influenciar el panorama mediático español, posicionando a Broncano y su programa como herramientas de propaganda gubernamental. A su vez, es un intento de reducir la cuota de programas que puedan llegar a criticar al gobierno español a toda costa, pagado con el dinero de todos los Españoles.
La transacción también plantea preguntas sobre la competencia leal, ya que «La Resistencia», el programa de Broncano, ya se emitía en el sector privado. Este acto de «comprar éxito» con fondos públicos ha generado acusaciones de competencia desleal y malversación de recursos estatales.
Este fichaje de alto perfil refleja tensiones entre la independencia de los medios públicos, la gestión gubernamental y la integridad del sector mediático en España, marcando un precedente controvertido en la relación entre política y entretenimiento.